En los años setenta del pasado siglo los españoles, tras décadas de dictadura, decidieron dejar atrás sus diferencias para traer la democracia a España. A ese proceso se le llamó Transición y comenzó con la aprobación, por aplastante mayoría, de la Ley de Reforma Política. La consecuencia: décadas de mejora en cuanto a prosperidad y bienestar. Interrumpida por los terroristas de ETA, que defendían como la extrema izquierda la reforma por vía de ruptura, o la violencia nacionalista en Cataluña.

En estas décadas, por qué no decirlo, se han cometido errores. Buenistas. Porque la intención del PSOE de los ochenta o del PP de los noventa era proteger la democracia, la convivencia, la igualdad ante la ley.

Todo esto se vino abajo cuando Rodríguez Zapatero, el padre bolivariano de la horrorosa criatura que ha engendrado Pedro Sánchez, pactó con la banda terrorista ETA. Cuando desilegalizó a sus brazos políticos y el PSOE comenzó a asumir como suyo el discurso de los enemigos de la democracia. “Veremos cosas que nos helarán la sangre”, dijo la madre de Mayte Pagaza. Las estamos viendo.

Sánchez, que no es más que la consecuencia infantilizada de Zapatero, acaba de firmar un acuerdo con Puigdemont, un golpista fugado, que liquida, de facto y por la puerta de atrás, la Transición y la democracia. Pretenden juzgar a través de los parlamentos a los jueces que se opongan a sus designios. No extraña, por tanto, la unanimidad en contra de tal acuerdo de las asociaciones de jueces, fiscales, el CGPJ, los inspectores de Hacienda y los colegios de Abogados. Porque Sánchez nos lleva a una dictadura.

Contra ello hay que rebelarse. Pacíficamente. Con las herramientas que la democracia que el PSOE quiere destruir. Cada uno en su ámbito. En lo que pueda. Tenemos que parar el golpe.