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Collado Villalba | El Ayuntamiento avanza en la sanción a la concesionaria del túnel Batalla de Bailén

Collado Villalba | El Ayuntamiento avanza en la sanción a la concesionaria del túnel Batalla de Bailén

En 2017 se inicia una auditoria, que ha sido el precedente de las acciones posteriores. 

Este lunes 10 de mayo, se ha acordado en sesión plenaria, por unanimidad de todos los grupos políticos municipales, el inicio de expediente para la imposición de penalidades por incumplimiento de contrato a la empresa concesionaria de la explotación de los aparcamientos subterráneos de la calle Honorio Lozano-Batalla de Bailén y Biblioteca Miguel Hernández.

Desde 2011 y hasta 2017 el Ayuntamiento de Collado Villalba se ha opuesto al pago del canon del túnel al haber detectado presuntas irregularidades, interponiendo diversos recursos. Los tribunales ya dieron la razón al Ayuntamiento en 2014 respecto al IVA adicional, que quería cobrar la empresa, lo que supone un ahorro a lo largo de la concesión de alrededor de 13 millones de euros.

En 2017 se inicia una auditoria, que ha sido el precedente de las acciones posteriores.

La alcaldesa, Mariola Vargas, ha destacado que “esta iniciativa es fruto del trabajo intenso realizado durante los últimos años, en contra del pago de un canon que se considera improcedente por las numerosas anomalías detectadas, y de una obra innecesaria para Collado Villalba ejecutada en la anterior etapa Socialista, que está sufriendo todos los vecinos”. Hay que señalar que el canon anual asciende a 1.750.000 euros y la concesión se prolongará hasta 2046.

Auditorías

El concejal de Contratación del Ayuntamiento de Collado Villalba, Bernardo Arroyo, ha expuesto en sesión plenaria los indicios de incumplimiento resueltos por sendas auditorías externas, encargadas en noviembre de 2020 y en abril de 2021, referentes al periodo 2015-2019 de la concesión de esta infraestructura.

Entre las presuntas irregularidades destaca el incumplimiento del plan de inversión y mantenimiento, muy inferior a lo estipulado en el Plan Económico Financiero; o los ingresos previstos de la explotación de los aparcamientos, un 70% menos de lo estipulado. En este sentido hay que señalar que la ocupación durante estos años solo ha sido del 14%.

Además, entre los incumplimientos, se refleja el cierre de la segunda planta del aparcamiento, y el incremento del IPC del canon anual, que no se ajusta al IPC real.

Resumen de incumplimientos que ponen de manifiesto las auditorías:

Incumplimiento por la Concesionaria de las inversiones previstas en el Plan Económico Financiero de la Concesión en periodo analizado 2015/2019 (Diferencia -742.030 euros, es decir, se ha invertido únicamente un 1,94% de lo exigido).

Incumplimiento por la Concesionaria del gasto de mantenimiento y conservación realizado en comparación con el previsto en el Plan Económico Financiero de la Concesión en periodo analizado 2015/2019 (Diferencia -423.653 Euros, es decir hay un incumplimiento del 65% de lo previsto).

El Capital Social de la concesión no presenta el mínimo en función de la inversión según el Pliego de Condiciones Administrativas particulares.

Presentación de documentación inexacta del soporte de las inversiones realizadas a solicitud de información por el Ayuntamiento.

Se ha subcontratado todo el personal a la sociedad dominante sin seguir lo indicado en el artículo 115 del TRLCAP, al no comunicarlo previamente a la Administración.

La contabilidad de la Concesionaria no muestra el Fondo de Reversión como se exige.

Se ha mantenido fuera de explotación durante años toda una planta del aparcamiento de Honorio Lozano.

La Auditoría de 23 de abril pone asimismo de manifiesto que aprecia una desviación del canon que correspondería abonar como consecuencia de la diferencia de lo previsto en el Plan Económico y Financiero y la realidad económica manifestada en las cuentas anuales de la concesionaria que suponen un exceso de 3.792.943 Euros. Lo que evidencia un desequilibrio económico de la concesión en perjuicio del Ayuntamiento a consecuencia de los incumplimientos de la concesionaria.

Todo ello justifica la elevación de la propuesta a Pleno del expediente de imposición de penalidades que pueden conllevar la caducidad de la concesión, es decir la resolución del contrato, el secuestro y/o la imposición de multas, además de poder imponer multas coercitivas para lograr el cumplimiento de obligaciones.

 

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