No le falta razón a Pablo Iglesias cuando asegura que en España falta normalidad democrática. Pero no por lo que él dice cuando considera que es incomprensible que hayan acabado en la cárcel aquellos que intentaron dar un golpe de Estado en Cataluña, sino por otros motivos.

Está claro que en España falta normalidad democrática desde el momento en que permitimos que un fugado de la justicia, como Carles Puigdemont, pueda estar en el Parlamento europeo y haciendo política. No parece de gran normalidad democrática que unos presos condenados por sedición puedan salir de prisión para hacer campaña electoral. No es normalidad democrática que haya lugares de nuestro país en los que esté perseguido el idioma español, se discrimine a los que no se pliegan ante el rodillo nacionalista y se despilfarre el dinero en delirios independentistas en vez de en servicios a la sociedad. No es de mucha normalidad democrática que los condenados por pertenencia a banda armada estén en política, que no se condene el terrorismo y que se organicen homenajes a los asesinos etarras. No es normalidad democrática que una ministra socialista salga del gobierno para convertirse en Fiscal General del Estado, comprometiendo la separación de poderes. Tampoco parece muy normal en democracia que un partido comunista caduco y trasnochado forme parte del gobierno en pleno siglo XXI, convirtiendo en dirigentes de la nación a unos chavistas que pretenden transformar España en una nueva Venezuela. Tampoco parece normal en democracia que un matrimonio esté sentado en el mismo consejo de ministros, que los contribuyentes les paguemos la niñera, y que abusen de una agente de su escolta utilizándola como recadera y asistenta.

Tiene razón Pablo Iglesias. En España hay grandes anormalidades democráticas. Y la mayor, sin duda, es que él sea vicepresidente del gobierno.