La fecha del 3 de enero de 2026 quedará grabada en la memoria colectiva como el día en la que Nicolás Maduro, tras más de 12 años de poder autocrático en Venezuela, fue capturado, arrestado y puesto a disposición de un tribunal federal de Nueva York, en los Estados Unidos de América.

Tras la intervención estadounidense para deponer a Maduro se abre un debate lleno de inquietudes, incógnitas y expectativas tanto por parte de los principales actores de este nuevo episodio en Venezuela, los venezolanos, como por parte del resto de ciudadanos de terceros países que se asoman a este acontecimiento para ver qué sucederá en los próximos días, semanas, meses…

Por el momento y entre los comentarios más repetidos en las tertulias y los medios de comunicación resuena con fuerza dos líneas de pensamiento: de un lado, la esperanza por la libertad del pueblo venezolano; de otro lado, la posible violación del Derecho Internacional.

Para este humilde jurista, que ejerce como abogado desde hace varios años en España, es fácil comprender lo que puede ser una violación del derecho internacional y tal cosa pudiera suceder por la transgresión de, entre otros Convenios o Tratados Internacionales, el de la propia Carta de las Naciones Unidas y, de forma más concreta, por el hecho de no respetar lo dictado en su artículo 2, apartado 3: “Los Miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia”; o en su artículo 2, apartado 4: “Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”.

Ahora bien, apuntado lo anterior, no es menos cierto que el Derecho Internacional también debe velar por la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos. Tanto es así que en el propio preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos incluso se reconoce el derecho a la rebelión contra la tiranía. Existe, por tanto, el principio de la responsabilidad de los Estados de proteger a todos los ciudadanos que puedan sufrir una clara, continuada y flagrante vulneración de los derechos humanos, dentro de los países en los que vivan.

Nadie duda de que los venezolanos han sufrido y siguen padeciendo muchas de las atrocidades que contra su población ha ejercido el régimen impuesto por el tirano Nicolás Maduro. Como muestra sirvan, únicamente, algunos de estos datos escalofriantes: 

De acuerdo con cifras de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), hay 7,7 millones de venezolanos viviendo fuera de su país, lo que supone un número de desplazados aún más elevado que el de Siria (5 millones personas) y que el de Ucrania (6,5 millones), dos países que llevan años sufriendo guerras.

El 3 de noviembre de 2021, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció la apertura de una investigación formal contra Venezuela por la presunta comisión de crímenes contra la humanidad en el contexto de la represión de las manifestaciones durante la crisis política que vivió el país en 2017. Venezuela se convirtió en el primer país de América Latina y uno de los pocos Estados del mundo en ser objeto de una investigación formal por parte de este tribunal internacional.

Según la ONG, Foro Penal, hasta el 5 de enero de 2026, en Venezuela había 806 dirigentes políticos, militares y líderes sociales detenidos, habiendo sido la mayoría de ellos arrestados en los días posteriores a las elecciones presidenciales de 2024, después de que Nicolás Maduro fuera proclamado ganador de las elecciones presidenciales, en medio de denuncias por fraude electoral.

Podríamos indicar otros muchos hitos atroces cometidos contra la población venezolana durante el régimen de Nicolás Maduro, pero sin duda, excederían del espacio para este artículo. Lo que, en mi opinión, no es exceso alguno, es la necesidad de poner freno a la continuada vulneración de los derechos humanos en Venezuela y poder liberar a su población de la tiranía del régimen impuesto por Maduro.

Por humanidad, por responsabilidad y por el Derecho Internacional, ¡que viva una Venezuela en democracia y en libertad!