Los jueces en España ya no aguantan más. Hace tiempo que son el blanco de la diana de los insultos, presiones y coacciones del político de turno y, todo ello, simplemente, por realizar su trabajo y cumplir con la función principal que la propia Constitución española les confiere, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado.

Las presiones que reciben los jueces y magistrados por parte del poder legislativo e, incluso, ejecutivo, no son de recibo en un Estado de derecho en el que debe respetarse la separación de poderes y la independencia judicial, de lo contrario, se pondría en riesgo uno de los pilares básicos de la democracia en España. El hecho de que alguna de las resoluciones que dicten no sea del agrado o del interés para alguna o algunas personas, no se combate llamándoles fachas, se combate mediante la presentación de los oportunos recursos que la propia ley establece para tal fin.

También hemos escuchado decir barbaridades, como que los jueces son una especie de casta aburguesada, que provienen de familias acomodadas, como si fueran unos ricos privilegiados y caprichosos, hijos de papá, que poco más que estarían ocupando esos puestos de tan alta responsabilidad por una pueril cuestión de puro entretenimiento por querer destruir a políticos por razones ideológicas…

No, la verdad es otra muy diferente, la verdad es que jueces y magistrados acceden a la carrera judicial, tras superar una muy dura oposición libre y un curso selectivo en la Escuela Judicial. La verdad sigue siendo contraria a todas las patrañas de quienes pretenden difamar en contra del prestigio y la buena imagen de unos profesionales que únicamente administran justicia, actuando dentro del marco de la ley y sin tomar decisiones basadas en sus propios criterios o preferencias personales, sino aplicando la ley de manera imparcial y objetiva.

Ahora, las asociaciones mayoritarias de jueces, junto a la de los fiscales, han dicho que ya está bien, que todas esas difamaciones y coacciones que vienen padeciendo, no son tolerables. Y, por dichas razones, advirtiendo además que el proyecto de ley que ha presentado el Gobierno de España con la intención de modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal es potencialmente peligroso, “con el riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país”, en palabras de las propias asociaciones de jueces y fiscales.

Por todo lo anterior, jueces y fiscales han anunciado tres días de huelga para el mes de julio, si el Gobierno no retira las reformas en materia de justicia. Otros operadores jurídicos, también les secundarán. Desde luego, cuentan también con mi apoyo. Por ser de Justicia y, porque quienes dictan sentencia en España, no son fachas, son jueces y magistrados independientes, sometidos únicamente al impero de la Ley.