Toda una generación de jóvenes españoles ha sido víctima de los experimentos ideológicos de la izquierda durante años. En las últimas décadas hemos vivido casi más reformas educativas que gobiernos: LOE, LOMCE, LOMLOE… un carrusel de leyes que han convertido las aulas en laboratorios de ingeniería social, al servicio de ministros sin criterio.

No nos engañemos, lo que ha hecho el socialismo con la Educación en España no tiene otro nombre que adoctrinamiento planificado. Bajo el pretexto de la “inclusión” y la “diversidad”, han vaciado los temarios de contenido, han sepultado la excelencia y han ridiculizado valores como el esfuerzo, el mérito o la disciplina.

A los jóvenes les enseñan qué es la “interseccionalidad” antes de explicarles quiénes fueron los Reyes Católicos. Les hablan del “encuentro de culturas” en 1492, pero les ocultan la Reconquista, los Austrias o la Transición española. Les cambian exámenes por “trabajitos grupales”, redacciones por vídeos sobre emociones, y la historia por eslóganes progres disfrazados de memoria democrática.

Y mientras tanto, nuestros hijos, convertidos en peones de una agenda ideológica, salían al mundo sin conocimientos, sin criterio, y lo peor: sin raíces. Porque esa es la verdadera batalla de la izquierda: destruir la memoria colectiva de una nación que resiste, pese a todo, a ser borrada.

Pero hay esperanza. Desde la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso al frente, presentamos la nueva Ley autonómica de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia, un texto valiente, profundo y absolutamente necesario que, por fin, pone orden donde el sanchismo solo ha dejado ruina.

Una ley que no es humo ideológico ni fuegos artificiales. Es una estructura con sentido común, un proyecto de país articulado desde la libertad, la excelencia y el compromiso real con el futuro. Estoy convencido de que Alberto Núñez Feijóo lo llevará a la legislación nacional dentro de muy poco, para que el sectarismo no se imponga en las aulas de ninguna autonomía.

Se acabó el abandono de las Humanidades. Se acabó marginar el español en nuestras universidades. Se acabó que nuestros hijos tengan que irse fuera para encontrar un sistema exigente y moderno. Esta ley integra universidades, formación profesional, enseñanzas artísticas y escuelas de negocio bajo un mismo paraguas, creando un distrito único de prácticas y conectando la formación con el empleo real.

Además, garantiza una financiación seria, basada en resultados, no en caprichos ideológicos ni en cuotas políticas. Las universidades madrileñas —públicas y privadas— podrán gestionar recursos, competir en calidad y ofrecer oportunidades reales, sin estar sometidas al chantaje burocrático del Ministerio.

Y además, esta ley defiende sin complejos la pluralidad educativa, la autoridad del profesor, tan necesaria en la actualidad, y la libertad de las familias para elegir el modelo que quieran. Mientras el Gobierno central trata de asfixiar a las universidades privadas con decretos liberticidas, la Comunidad de Madrid responde con una legislación clara, firme y constitucional.

¿Mejorable? Siempre. Pero sin duda es una legislación valiente, y eso, en esta época de cobardía institucional y sumisión ideológica, es oro puro.

Nuestros jóvenes tendrán una oportunidad real de estudiar en una universidad que no se doblega, que no adoctrina, que no se avergüenza de ser española. Y eso, créanme, no es solo una buena noticia para ellos, es una victoria de todos los españoles de bien.