Hay decisiones políticas que definen una etapa, y otras que condicionan el futuro de varias generaciones. La financiación autonómica pertenece a esta segunda categoría. No es un simple reparto de fondos; es el instrumento que garantiza que todos los españoles, vivan donde vivan, accedan en condiciones de igualdad a la sanidad, la educación y los servicios sociales. Es, en definitiva, una cuestión de cohesión nacional.

Por eso desde el gobierno de la Comunidad de Madrid consideramos especialmente grave la deriva que está tomando este debate bajo el actual Gobierno. Lo que debería tratarse desde el rigor técnico, el consenso y la multilateralidad se está transformando en una operación política orientada a asegurar la estabilidad parlamentaria del presidente del Gobierno.

El reciente Consejo de Política Fiscal y Financiera no disipó dudas; las aumentó. La propuesta presentada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es un planteamiento inaceptable que rompe las reglas de juego compartidas durante los últimos años. Todas las comunidades autónomas, salvo Cataluña, han mostrado su rechazo al nuevo modelo de financiación planteado. No se puede reformar el sistema al margen de la práctica totalidad de las autonomías ni sustituir el diálogo multilateral por negociaciones bilaterales condicionadas a apoyos políticos.

El nuevo diseño que han presentado supone un agravio económico y también institucional. Sánchez está actuando con una preocupante impunidad, alterando los equilibrios del Estado autonómico y debilitando el principio de igualdad entre territorios. Nos presentan un modelo que fragmenta el sistema común y abre la puerta a una arquitectura financiera paralela que desdibuja el proyecto compartido de España.

Además, resulta difícil aceptar que se presente como voluntario un esquema que condiciona el futuro financiero de todas las comunidades y, por tanto, el de todos los españoles.

Cuando la aceptación o el rechazo puede suponer quedar en desventaja estructural, hablar de voluntariedad es, en realidad, una ficción política. Lo que está en juego no es una negociación técnica, sino el marco de convivencia y de solidaridad que sostiene el Estado.

No puede convertirse en moneda de cambio sujeta a intereses coyunturales ni a la necesidad de asegurar apoyos parlamentarios imprescindibles para la continuidad del presidente del Gobierno. El futuro de España no puede depender de conversaciones particulares que comprometan el interés general ni abrir la puerta a una nación financiera paralela al margen del consenso común.

La Comunidad de Madrid es hoy la región principal como motor económico y social de nuestro país. Aporta aproximadamente el 80% de su recaudación al sistema, lo que representa en torno al 70% de la llamada caja común. Es decir, la mayor parte de los recursos que genera no se quedan en la región, sino que se redistribuyen para sostener los servicios públicos del conjunto de España.

Y lo hace manteniendo, dentro de su margen competencial, una política de impuestos más bajos para ciudadanos y empresas.

Por eso, resulta difícil aceptar que se cuestione nuestro modelo mientras otras administraciones autonómicas elevan la presión fiscal sobre sus contribuyentes y, al mismo tiempo, reclaman mecanismos extraordinarios financiados por todos. Entendemos que no se puede penalizar a quien gestiona con eficiencia ni convertir el esfuerzo recaudatorio en argumento para imponer nuevas cargas o concesiones políticas.

Especialmente controvertida resulta la cuestión de la condonación de deuda. El Gobierno la presenta como una opción voluntaria y como un alivio financiero extraordinario. Sin embargo, discrepamos frontalmente de esa interpretación.

Entendemos que no existe verdadera voluntariedad cuando el marco general se redefine sin consenso y cuando la aceptación o el rechazo puede implicar quedar en desventaja dentro del sistema. Desde esta posición, no se trata de una decisión neutra, sino de un mecanismo que divide a las comunidades y tensiona la unidad del país.

Además, reformar la financiación sin nuevos presupuestos generales y sin un pacto amplio de Estado da como resultado una inestabilidad añadida. Un sistema que nace sin consenso suficiente está condenado a ser revisado en cuanto cambien las mayorías políticas.

España necesita, sobre todo, que esa reforma sea transparente, multilateral y asentada en principios de igualdad y solidaridad reales, no en acuerdos que respondan a necesidades de supervivencia política.

La igualdad entre españoles no puede convertirse en un instrumento negociable. Si la financiación autonómica deja de ser el pilar de la cohesión para transformarse en moneda de cambio, el daño no recaerá sobre una administración concreta, sino sobre la confianza en el sistema entero. Y esa es una fractura que ningún ajuste presupuestario puede reparar.