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ÚLTIMA EDICIÓN | SIERRA MADRILEÑA

David Pérez

David Pérez

 

En la semana del indulto general disfrazado que ha concedido Pedro Sánchez a siete políticos y propagandistas españoles condenados por sedición y malversación, recordé a antepasados de mi familia de origen catalán, convencido de que era en parte suya también mi perplejidad ante la decisión del dirigente socialista. Uno de ellos es mi bisabuelo materno Honorato de Saleta y Cruxent (1844-1915), natural de Calella (Barcelona), militar de ingenieros, del que este cuerpo conserva como una de las tantísimas brillantes páginas de su historial su gesta en el sitio de la abadía de Muruarte de Reta (Navarra).

Corría el mes de marzo de 1873. El levantamiento carlista estaba poniendo contra las cuerdas a la joven Primera República. Mi bisabuelo había llegado a Muruarte con la misión de recoger con su compañía a una decena de obreros que estaban trabajando en la fortificación del lugar, cuando se vio cercado por la división del general carlista Dorregaray, que le conminó a rendirse dado que su fuerza era veinte veces superior a la de los defensores. Mi bisabuelo se negó diciendo que los ingenieros nunca se habían rendido. El jefe carlista le requirió por segunda vez la rendición, a lo que el capitán Saleta le respondió que “no podía rendirse porque su deber era mantener el honor del cuerpo”. Los ingenieros se aprestaban a la defensa de la abadía cuando se sorprendieron al ver que las tropas de Dorregaray levantaban el campo. Pero aún fue mayor su sorpresa cuando los vieron pasar frente a sus posiciones rindiéndoles honores por orden de Dorregaray, que dijo que no quería saber nada de “los caballeros de Muruarte de Reta”.

Otro de mis antecesores catalanes es precisamente el hermano de este capitán, Felipe Saleta y Cruixent (1851-1877), nacido también en Calella, que sería en 1871 uno de los fundadores de la revista “La Renaixensa”, órgano del movimiento cultural catalanista del mismo nombre que promovió la orgullosa reivindicación del catalán como lengua literaria así como el interés por la investigación del pasado de Cataluña. El poeta Felipe de Saleta y Cruxent falleció de tuberculosis a los 26 años, siendo mucho más que una joven promesa de las letras catalanas.

La evocación de mis ancestros catalanes me sirve para reafirmar que a todos y cada uno de los españoles nos concierne legal y legítimamente cualquier decisión sobre el futuro de Cataluña porque que Cataluña sea España no es una ensoñación, sino que constituye una realidad histórica, política, cultural y social hasta en nuestros propios acervos familiares y personales. Conceder un referéndum a los independentistas, siguiente estación de este tren de mente estrecha en que nos ha embarcado Sánchez, significa dar por hecho que Cataluña es una realidad distinta del resto de España, a la que se le expropia de su soberanía impidiendo a todos los españoles tener la palabra acerca del futuro de su propio país y decretando la condición de extranjeros de millones de catalanes en su propia tierra. 

La lección de estos días de ignominia es que el problema de España no son los independentistas, aun con todas las nefastas consecuencias que su proyecto de secesión está produciendo en la misma Cataluña y especialmente sobre los catalanes que se sienten españoles, aparte de los daños a la imagen de España como país convulso y carente de seguridad pública y jurídica, sobre todo en una de sus regiones antaño más pujantes y atractivas. 

El verdadero problema de España es quien desactiva las leyes y las instituciones que evitan que el independentismo sea un problema. Con su decisión arbitraria, Pedro Sánchez se ha convertido en un problema mayor que el propio delirio secesionista porque ha rendido el Estado de derecho que nos protege de tal delirio a los pies de quienes lo promueven.

Es cierto, y no voy a ocultarlo, que el camino hasta aquí ha estado empedrado de concesiones por parte de gobiernos de todo signo, pero no es menos verdad que por primera vez va explícita en la estrategia de un inquilino de la Moncloa la voluntad de derribar el edificio constitucional de 1978 mano a mano con sus socios extremistas, entre ellos los independentistas.

Por más alusiones a la concordia y la convivencia que adornen su propaganda sobre los indultos, Sánchez pretende poner punto y final a la España constitucional en una mesa en la que los españoles no seamos ni siquiera los convidados de piedra, sino el plato principal del menú a deshuesar y devorar por los pantagruélicos comensales invitados al banquete. 

Que nadie se confunda: el derribo del pacto del 78 es el derribo de la unidad de España y de la integridad del territorio nacional, pero por encima de todo significa la supresión de la libertad de los españoles, empezando por la de decidir libremente entre todos el destino de nuestra propia nación.

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