El domingo 29 de noviembre, 38.728.356 españoles estamos llamados a las urnas. Sánchez ha adelantado las elecciones nueve meses antes del final previsto de la legislatura, tras perder en el Congreso sus decretos de vivienda, y gobernando sin Presupuestos. No lo ha hecho por convicción democrática, sino porque ya no podía gobernar.

Votar siempre es una responsabilidad. Hoy es, además, una obligación moral. Basta repasar, lo que hemos vivido.

Todo empezó con una promesa. En Navarra Televisión, Sánchez lo dijo sin rodeos: «Con Bildu no vamos a pactar». Poco después, Sánchez llegó a la Moncloa con una moción de censura apoyada por Bildu y por los mismos independentistas que habían intentado romper España. Juró que no dormiría tranquilo con Podemos en el Gobierno, y al poco tiempo lo sentó en el Consejo de Ministros.

Con la pandemia llegaron los primeros episodios oscuros. Delcy Rodríguez, vicepresidenta venezolana con prohibición de entrar en la Unión Europea, aterrizó en Barajas y fue atendida por el ministro Ábalos. El entorno de ese mismo ministro hizo negocio con las mascarillas mientras los españoles morían en los hospitales. El Gobierno pactó con Bildu su abstención para prorrogar el estado de alarma y, desde entonces, Bildu ha sido uno de sus grandes aliados. El Constitucional acabó declarando inconstitucional aquel confinamiento.

Llegaron después los indecentes indultos del procés, y suprimió la sedición y rebajó la malversación, a la medida de sus socios. El volcán de La Palma arrasó media isla, y cinco años después quedan más de 250 millones de ayudas por repartir. Según los afectados, no se ha terminado ninguna vivienda de nueva construcción y cientos de familias siguen viviendo en barracones. Sánchez cambió por su cuenta, sin consultar al Congreso, la posición histórica de España sobre el Sáhara. Aprobó la ley del «solo sí es sí», que acumuló 1.127 rebajas de condena a agresores sexuales y 115 excarcelaciones.

Perdió las elecciones, pero fue investido con los votos de Bildu y de Junts. El precio fue la amnistía que había jurado que nunca concedería. Poco después, el PSOE entregó a Bildu la alcaldía de Pamplona. Se aprobó la amnistía. Por otro lado, se abrieron las investigaciones judiciales sobre la esposa y el hermano del presidente.

Vino la dana: según los propios datos de la Moncloa, año y medio después, el Gobierno tenía pendiente de pago el 43% de los 16.600 millones anunciados para Valencia. Vino el apagón, que dejó a España entera a oscuras sin que nadie haya asumido ninguna responsabilidad. Cayó Santos Cerdán, número tres del PSOE y sucesor de Ábalos, hoy investigado. El Supremo condenó por revelación de secretos al fiscal general del Estado, nombrado por este Gobierno, que tuvo que dimitir. Y mientras tanto, los retrasos medios de la alta velocidad superaban los 15 minutos, según los datos de Renfe, mientras que el ministro de Transportes dedicaba una media de cinco tuits diarios a polemizar en redes.

El último año ha sido el peor. El descarrilamiento de Adamuz costó la vida a 45 personas, y la investigación apunta a que el carril ya estaba roto antes del accidente. El presidente de Estados Unidos, nuestro principal aliado, amenazó con cortar todo el comercio con España. El Supremo condenó a Ábalos a 24 años y tres meses de prisión y a Koldo García a 19 años y ocho meses, por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. El hermano del presidente fue condenado en primera instancia, en una sentencia recurrida, y contra su esposa se abrió juicio oral. Más de 60.000 personas cruzaron la frontera de Ceuta en menos de dos días, y el Ejército llegó cuando ya habían entrado miles. El Supremo paralizó cautelarmente el voto de 163.020 nacionalizados por la ley de nietos que no acreditaban el exilio, pese a que el Gobierno pidió lo contrario. Y, ya convocadas las elecciones, el Constitucional extendió la amnistía a la malversación y el juez Llarena levantó la orden de detención contra Puigdemont.

Cualquiera de estos asuntos habría bastado, en otro tiempo, para que un Gobierno asumiera responsabilidades. Aquí se han acumulado todos y nadie ha dimitido, salvo un fiscal general condenado. Lo grave no es que haya escándalos, sino que se hayan normalizado. Y la normalización solo tiene un antídoto, que es el voto.

Por eso, la abstención no es neutral. En las últimas generales, casi tres de cada diez votantes residentes se quedaron en casa. El próximo Gobierno legislará para todos, también para quien no votó. Quedarse en casa no castiga a nadie: solo ayuda a quien cuenta con el cansancio y la resignación.

Sé que muchos españoles están hartos. Pero el hartazgo que se queda en el sofá no cambia nada, y el que va a votar lo cambia todo. España tiene alternativa: Alberto Núñez Feijóo representa un proyecto serio, con instituciones respetadas, igualdad entre españoles, servicios que funcionan y una política sin trampas.

A los 1.615.127 jóvenes que votarán por primera vez en unas generales les diría que son quienes más van a vivir las consecuencias de lo que se decida: una vivienda inalcanzable, salarios que no llegan y unas pensiones cuya factura pagarán ellos. Nadie va a defender su futuro mejor que ellos. Y nadie tiene excusa: quien no pueda acudir a su colegio electoral puede pedir el voto por correo hasta el 19 de noviembre. En las últimas generales, celebradas en pleno julio, lo hicieron más de 2,4 millones de españoles. Cuando hay voluntad, hay manera.

La democracia exige compromiso, participación y decisiones conscientes. Sánchez cuenta con que estemos cansados, con que pensemos que da igual y con que nos quedemos en casa. El 29 de noviembre podemos demostrarle que se ha equivocado. El futuro no se decide solo: se decide votando. Y esta vez, España se juega demasiado como para dejar la silla vacía.