La gran mayoría de los madrileños no ven los plenos de la Asamblea de Madrid, más allá de alguna pregunta a la presidenta. Suelen ser largos y todo el mundo, lógicamente, tiene su vida, su trabajo, sus quehaceres, como para ponerse delante del televisor cada jueves para ver entre 8 y 10 horas de debates parlamentarios.

Pero los que tenemos la fortuna de representar a los madrileños en un escaño, oímos todas las semanas las distintas posiciones de cada grupo político sobre numerosos temas.

El pasado 17 de septiembre, sobre las 16:15 horas, estaba sentado en mi escaño escuchando atentamente la comparecencia del consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, que explicaba, ante gran parte de los alcaldes de la zona y para todos los madrileños, lo sucedido durante el terrible incendio de la Sierra Oeste de la región.

Intervinieron primero el diputado socialista y exalcalde de San Martín de Valdeiglesias, José Luis García, y después el diputado ecologista de Más Madrid y fundador de Equo, Alejandro Sánchez.

Después de dedicar varios minutos a dar las gracias a Pedro Sánchez, para intentar ganarse el favor de seguir en su escaño dentro de nueve meses, empezaron a criticar la falta de prevención; después, la intervención, llegando incluso a pedir la dimisión de Novillo, que se dejó la vida junto al resto de los bomberos en los incendios; y, finalmente, la reconstrucción puesta en marcha por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Estas palabras, llenas de ideología sectaria, hipocresía, mentiras y algo de cinismo —porque incluso algún diputado de Más Madrid vive allí y lo vivió en primera persona—, me hicieron pensar que esto había que contarlo, sobre todo a los vecinos que leen Sierra Madrid. Así que aquí lo tienes, querido lector:

Cuando el pasado julio ardieron casi 30.000 hectáreas en la Sierra Oeste de Madrid y nos vimos obligados a desalojar a decenas de miles de vecinos, no han tardado en echarnos las culpas desde esa misma izquierda ecologista que durante el resto del año frena cualquier gestión activa del monte y que es la que, cuando el monte arde, aparece para señalar a otros por no haberlo prevenido.

El patrón tiene cuatro tiempos:

Cuando hay que prevenir, paralizan.

Cuando hay que intervenir, desaparecen.

Cuando aparecen las cámaras, resurgen.

Cuando hay que reconstruir, critican.

Vamos a contarlo. Alguien tiene que hacerlo.

Cuando hay que prevenir, paralizan

La Comunidad de Madrid tiene, sobre el papel, una de las redes de espacios protegidos más extensas de Europa: Red Natura 2000, parques regionales, zonas ZEPA para aves, planes de gestión de hábitats, como la prohibición de limpiar el lecho de los ríos y cauces, algunos de ellos totalmente secos.

Cada capa añadida de protección ambiental —impulsada o defendida con entusiasmo por partidos ecologistas y por su ala más regulatoria, como la del diputado Alejandro Sánchez— ha venido acompañada de restricciones crecientes al aprovechamiento tradicional del monte.

Los desbroces que antes hacían ayuntamientos o titulares de fincas hoy requieren autorizaciones difíciles y lentas e informes de afección. La recogida de leña muerta y piñas, que reducía biomasa combustible en el sotobosque, se restringe bajo el argumento de que “es hábitat”. La caza como control poblacional de herbívoros se combate sistemáticamente, aunque la sobrepoblación de ciervos y jabalíes altera la vegetación. La limpieza de cauces y riberas, encorsetada por la Directiva Marco del Agua, deja ríos convertidos en corredores de vegetación acumulada.

Cada una de estas trabas se defiende, caso por caso, en nombre de la conservación. Sumadas, son la razón por la que el monte llega al verano cargado de combustible.

Cuando hay que intervenir, desaparecen

Durante el incendio, la gestión real corre a cargo de bomberos, brigadas forestales, agentes medioambientales, el Ejército, Protección Civil y voluntarios de los propios pueblos afectados.

Es en ese momento, con las llamas activas, cuando más se necesitan los conocimientos técnicos del ecologismo institucional: qué cortafuegos naturales quedan, qué zonas priorizar, cómo actuar sin causar más daño al ecosistema. Pero ahí, ese discurso populista desaparece y es sustituido por un silencio llamativo.

No hay enmiendas, ni manifestaciones, ni mociones que apaguen un incendio; solo trabajo de campo, del que ese ecologismo de despacho y sindical suele estar históricamente alejado.

Cuando aparecen las cámaras, resurgen

Apagado el fuego —o incluso todavía activo, pero ya con cobertura mediática garantizada—, llega el momento de sacar el carné de diputado socialista o comunista y aparecer en el puesto de mando para hablar con los medios, hacer declaraciones en la Asamblea, publicar hilos en redes sociales y conceder entrevistas señalando la falta de prevención del Gobierno de turno.

Es una reaparición selectiva que nunca se acompaña de autocrítica sobre las propias posiciones mantenidas durante años en comisiones parlamentarias o alegaciones a planes forestales, esas mismas que dificultaron precisamente la prevención que ahora se echa en falta.

Señalar a otros exige al menos que revisar las propias posiciones, algo muy típico de la izquierda.

Cuando hay que reconstruir, critican

Y cuando llega la fase de recuperación, las medidas concretas anunciadas por la Comunidad de Madrid no tardan en toparse con la crítica fácil de “hace falta más”, siempre es insuficiente para los que no tienen que gestionar.

El Gobierno regional ha puesto en marcha aprovechamientos madereros extraordinarios en los montes calcinados, dentro del Plan de Impulso Forestal 2026-2030, para reducir riesgos sanitarios y favorecer la regeneración arbórea; ha triplicado la capacidad de los viveros públicos del IMIDRA hasta las 300.000 plantas autóctonas de semilla certificada de origen local; ha destinado 4,9 millones de euros a reparar 130 kilómetros de carreteras regionales dañadas; y ha aprobado un paquete de 19 millones de euros para la recuperación económica de los 17 municipios afectados, con 14 millones para autónomos y pymes —un pago único de 5.000 euros o una subvención de más de 1.700 euros equivalente a seis meses de cuota, además de ayudas directas a pequeñas empresas afectadas— y 5 millones más para el alquiler de vivienda de las familias realojadas, de hasta 1.500 euros mensuales durante un año.

Pues bien: en cuanto el Ejecutivo ha rescatado el proyecto de desdoblamiento de la M-501, infraestructura viaria clave para la comarca, la Plataforma Ecologista Madrileña, tan cercana a los planteamientos de José Luis y Alejandro, ha denunciado la obra por su “incompatible impacto ambiental” y ha acusado al Gobierno de aprovechar la tragedia para impulsar desarrollos urbanísticos. Son los mismos por cierto que se posicionan en contra de la Fórmula 1 y todo lo que pueda traer prosperidad y riqueza a Madrid.

Y cuando la Comunidad ha repartido más de 135.000 kilos de alimento para la fauna afectada a través de sociedades de cazadores y titulares de cotos —la vía logística más rápida disponible sobre el terreno—, los mismos colectivos han exigido que la ayuda se gestione con criterio “conservacionista y no cinegético” y que se amplíe la prohibición de caza veinte kilómetros alrededor de la zona quemada.

Reforestar con semilla certificada no basta si no es al ritmo que marcan las plataformas; reparar una carretera no basta si se hace sin más consideraciones; dar de comer a los animales no basta si lo hace la persona equivocada.

La misma lógica que impidió la gestión preventiva reaparece para frenar la reconstrucción, cerrando un círculo perfecto: nunca es buen momento para intervenir en el monte, salvo para pedir explicaciones a los demás.

Coherencia, no titulares

Nadie serio defiende volver a la tala indiscriminada en ningún sitio, ni al monte sin ningún tipo de protección. Pero hay un punto medio que durante siglos ha funcionado razonablemente bien entre el “monte intocable actual” y el “monte explotado sin control”: la gestión activa, con pastoreo, desbroce selectivo y limpieza regular de cauces, permitiendo a la gente de los pueblos gestionar sus municipios mediante el aprovechamiento de leña, madera o piñas.

Esa gestión no es enemiga de la biodiversidad; es la que ha mantenido durante generaciones los paisajes que hoy se quieren proteger a toda costa mediante la inacción.

Si la izquierda ecologista quiere hablar de prevención de incendios, el primer paso sería revisar cuántas de las trabas actuales a la gestión forestal llevan su firma y sostener esa misma exigencia de rigor técnico en las cuatro fases: antes, durante, después y en la reconstrucción.

Lo contrario —paralizar, desaparecer, resurgir con las cámaras y criticar la reconstrucción— no es ecologismo. Es oportunismo con etiqueta verde.