En política, el lenguaje nunca es inocente. Cada gesto, cada silencio y cada trámite administrativo adquiere un significado que trasciende su propia naturaleza cuando entra en contacto con la memoria colectiva. Por eso, cuando se habla de terrorismo en España, incluso las decisiones aparentemente técnicas tienen un peso moral difícil de medir. No porque cambien necesariamente la realidad jurídica, sino porque afectan al modo en que una sociedad se explica a sí misma su propio pasado.

La reciente inquietud que hemos expresado desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo, solicitando explicaciones al Gobierno sobre la posible no renovación de la presencia de ETA en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, vuelve a situar en el centro de la conversación pública una cuestión que, lejos de estar cerrada, continúa generando una tensión latente: cómo se gestiona el recuerdo de la violencia cuando la violencia ha dejado de ser presente pero no ha dejado de ser historia viva.

Desde el punto de vista estrictamente formal, la permanencia de una organización en este tipo de listados responde a criterios técnicos y legales que poco tienen que ver con las emociones. Así ha ocurrido en otros países, donde la retirada de grupos ya inactivos a “nivel de violencia” de ciertas clasificaciones, se ha interpretado como un mero ajuste burocrático sin consecuencias reales. Desde la AVT así atestiguamos que algo similar sucedió cuando Estados Unidos eliminó a ETA de su lista en 2022, un movimiento que, según se nos explicó entonces, no implicaba ningún cambio sustancial en la consideración de la banda terrorista ni en el juicio moral sobre su trayectoria.

Y, sin embargo, las víctimas no hablamos de burocracia. Hablamos de dignidad.

Ese es el núcleo del conflicto: el espacio que separa el expediente administrativo del significado simbólico. Para quienes hemos sufrido de forma directa el terrorismo, cualquier movimiento institucional que afecte al reconocimiento público de lo ocurrido se percibe como algo más que un procedimiento técnico. Se vive como una señal, como un mensaje, como una forma de interpretar el pasado.

ETA no es solo una organización terrorista que dejó de matar. Es también una herida que aún no ha terminado de cerrarse. Cerca de 900 personas asesinadas, miles de heridos, familias destrozadas y un número indeterminado de historias personales que quedaron interrumpidas por la violencia. El paso del tiempo ha ido transformando la presencia del terrorismo en la vida pública, pero no ha eliminado sus consecuencias.

Por eso, el temor que hemos expresado desde la asociación no se centra tanto en la consecuencia jurídica de una eventual retirada de la lista europea, como en el contexto político en el que podría producirse. La sospecha de que una decisión así pudiera interpretarse como un gesto hacia una formación parlamentaria que ya hemos demostrado miles de veces que no puede ser tratada como un agente político más, como una moneda simbólica dentro de una negociación, es lo que verdaderamente enciende las alarmas. Porque entonces dejaría de ser un trámite. Y pasaría a convertirse en una narrativa.

España ha vivido en las últimas décadas un proceso complejo de adaptación en el que ETA ya no mata, pero este hecho convive con una memoria que no es homogénea. Para los verdugos, el final de ETA significa un cierre definitivo. Para las víctimas, es apenas una etapa más en una historia que todavía exige justicia, reconocimiento y verdad. En este escenario, la política camina sobre un terreno delicado. Cada decisión institucional, por pequeña que sea, es susceptible de interpretarse como un posicionamiento moral. Y eso obliga a una prudencia extrema. No se puede ignorar que el significado de esas decisiones no es neutro. El problema no está en lo que una retirada implicaría jurídicamente, sino en lo que podría sugerir políticamente. Y, sobre todo, en lo que podría sentirse humanamente.

Las víctimas del terrorismo hemos vivido durante décadas con la sensación de que nuestro dolor era, en ocasiones, utilizado, interpretado o incluso disputado. Hemos tenido que escuchar discursos que minimizaban lo ocurrido, que relativizaban responsabilidades o que planteaban equilibrios difíciles de comprender para quien ha perdido a un ser querido. Por eso, cualquier gesto que pueda percibirse como una concesión simbólica despierta una reacción inmediata.

No es una cuestión partidista. Es una cuestión de memoria.

Cuando desde la AVT pedimos explicaciones, lo que estamos reclamando en realidad es transparencia. No solo sobre el contenido de una posible decisión, sino sobre el contexto en el que se adopta. Queremos saber si estamos ante una mera consecuencia administrativa o ante algo más. Queremos entender si hay negociaciones, si hay contraprestaciones, si hay gestos que puedan interpretarse como una forma de intercambio político.

La memoria de las víctimas del terrorismo no puede convertirse en un elemento de confrontación permanente, pero tampoco puede quedar relegada a un segundo plano. Forma parte de nuestra identidad democrática. Y, como tal, exige un tratamiento respetuoso, claro y transparente.

Al final, más allá de listas, trámites y decisiones administrativas, lo que está en juego es algo más profundo: la forma en que una sociedad recuerda y el lugar que concede a quienes lo hemos sufrido en primera persona.

Hay memorias que no pueden negociarse. No porque pertenezcan a nadie en exclusiva, sino porque forman parte del patrimonio moral de todos.