El próximo 5 de septiembre se inaugurará el año judicial en España. Como cada año, el acto será presidido por el Rey Felipe VI y, de manera solemne, dará comienzo el inicio oficial de la actividad judicial tras el verano. También está invitado el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a pesar de estar a las puertas de la apertura de juicio oral contra él por presunta revelación de secretos. Su presencia es un escándalo que quedará para la historia, con la foto inédita en la apertura del año judicial con un fiscal general que tiene causas penales abiertas, junto al jefe del Estado y las máximas autoridades judiciales.

Sánchez no quiere cesar a su amigo, pero lo grave no es solo que García Ortiz siga en su puesto, lo verdaderamente preocupante para la democracia es que quien tiene que velar por el cumplimiento de la ley siga en su puesto con el respaldo explícito del Gobierno. 

Los juramentos y promesas de todos aquellos que acceden a un puesto público parecen ahora una concatenación de palabras vacías, gracias a este Gobierno que, en lugar de actuar con sentido de Estado, ha optado por blindar a un Fiscal General que ha perdido la autoridad moral para representar al Ministerio Público. Sin duda, le han pedido que se quede. García Ortiz va más allá de ser un alto funcionario del Estado, es un actor en el juego político de Moncloa. Porque en medio de tantos escándalos judiciales como los casos Koldo, Ábalos, Cerdán, Begoña Gómez o de su hermano, cada nueva crisis debilita el relato que el Gobierno intenta construir para mantenerse en el poder, y esto no lo tapa ni la desgracia que hemos pasado este verano con los graves incendios. 

¿Qué sabe el fiscal general para que Sánchez lo apoye tanto? ¿Qué secretos hay entre García Ortiz y el Gobierno? La sospecha no es baladí. Porque en paralelo a la investigación contra García Ortiz por filtrar presuntamente información sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, otros altos cargos del PSOE han caído en desgracia. Santos Cerdán, en prisión. Ábalos, camino de ser procesado. Y la sombra de la justicia cada vez más cerca del entorno personal del propio presidente. 

Lo más alarmante no es el juicio en sí, sino que el Fiscal General pueda ser juzgado mientras permanece en su cargo. Así lo ha advertido la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ha solicitado su suspensión cautelar al Tribunal Supremo. De no hacerlo, el juicio nacería contaminado, porque el fiscal que ejerza la acusación formalmente dependería jerárquicamente del acusado. 

Todo un despropósito. Una vulneración gravísima del principio de imparcialidad. Un golpe reputacional para la Fiscalía, para la credibilidad del sistema judicial, y para la imagen internacional de España como Estado de derecho.

Pero nada de eso parece importar en Moncloa, donde el guión ya está escrito y se sigue al pie de la letra. Si García Ortiz es condenado, se lanzará inmediatamente la acusación de lawfare, argumentando que todo es una persecución política para desgastar al Gobierno. Si, por el contrario, es absuelto, se le presentará como una víctima injustamente atacada, reforzando su imagen. Y en el caso de que haya condena seguida de recurso, la estrategia será pedir respeto por el proceso judicial, apelando a la presunción de inocencia y al derecho a la defensa, mientras se busca ganar tiempo y mantener el respaldo político.

Mientras tanto, el Gobierno sigue apoyando al Fiscal General, como si revelar la identidad de un ciudadano y borrar pruebas de su móvil, hechos que el Tribunal Supremo considera suficientes para llevar a juicio, no fueran algo grave.

El único principio que parece guiar a Sánchez es resistir a toda costa, incluso si eso implica arrastrar el Estado de derecho por el fango. Aunque el inicio del año judicial se convierta en un símbolo de descrédito para las instituciones, aunque la imagen internacional de España se vea afectada, Sánchez sigue aferrado a la idea de que, si aguanta, todo pasará. Confía en que la tormenta judicial se calme con el tiempo, y cree que bastará con repetir el mantra de que todo es maniobra de la extrema derecha para desacreditar al Gobierno. 

Al final, García Ortiz sigue porque sabe demasiado, y mientras permanezca en el cargo, seguirá poniendo en jaque nuestras instituciones y la credibilidad del sistema judicial.