La nueva tasa de residuos deja a la vista la estrategia política de Pedro Sánchez: echar la “mierda”, nunca mejor dicho, a los demás.

Tras las últimas elecciones municipales, en las que el Partido Popular consiguió gobernar en más de tres mil ayuntamientos, representando el 46,5% de la población española, el Gobierno ha impuesto una tasa que deben cobrar los propios ayuntamientos. Así, quienes tendrán que enfrentarse a los vecinos no serán el PSOE, ni Pedro Sánchez, sino los alcaldes y concejales de cada pueblo de España, obligados a trasladar un auténtico sablazo al bolsillo de millones de españoles, alrededor de unos 3.800 millones de euros al año.

La Ley 7/2022, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, incorpora en España los objetivos de la Directiva europea 2018/851 sobre residuos, estableciendo un marco para gestionar los residuos urbanos y fomentar la economía circular. Hasta aquí, todos de acuerdo: es necesario reducir, reciclar y reutilizar más. Pero Europa no impuso un único camino para lograrlo. Al contrario, ofreció un abanico de alternativas.

Por eso, el mantra del Gobierno de que “Europa obliga” no se sostiene. La Unión Europea no ha impuesto el cobro de una tasa específica, ni un único modelo de gestión. Lo que sí ha hecho es ofrecer una lista no exhaustiva de instrumentos; es decir, un catálogo abierto que permite usar distintas fórmulas, para que cada Estado miembro decida cómo cubrir los costes de recogida, transporte y tratamiento de los residuos y así cumplir los objetivos de reciclaje y protección ambiental.

Entre estos instrumentos se encuentran sistemas de pago por generación de residuos, incentivos para la separación en origen, campañas de concienciación, apoyo a la investigación y medidas tributarias o no tributarias. La Directiva simplemente garantiza que los costes sean asumidos por quienes generan los residuos, sin imponer cómo debe hacerse exactamente.

Mientras España ha optado por la imposición de una tasa, sin incentivos ni ayudas, otros países han desarrollado sistemas más inteligentes, basados en el principio de “quien contamina paga”, conocidos como pay-as-you-throw. Modelos que premian la reducción de residuos y la correcta separación, en los que cada hogar paga en función de la cantidad de residuos que genera.

En Bélgica, en la región de Midden-Waasland, desde 2019 cada hogar dispone de un cubo con chip que pesa la basura. Menos peso significa menor factura. El resultado ha sido una reducción del 38% de los residuos y una modernización completa de contenedores y camiones de recogida. En Italia, en la provincia de Treviso, diferentes municipios también aplican desde hace años el pago por generación, incentivando a los ciudadanos a producir menos basura y separar mejor los materiales.

En Alemania, Noruega, Suecia, Reino Unido o en algunos estados de Estados Unidos, el sistema de depósito y retorno de envases, ha logrado tasas de reciclaje de envases superiores al 90%, demostrando que, si hay un incentivo real, los ciudadanos responden y el reciclaje deja de ser solo una obligación para convertirse en un hábito rentable. Este sistema funciona de la siguiente manera. Cuando compras una bebida en envase de plástico, vidrio o lata, pagas un pequeño depósito adicional. Al devolver el envase vacío a un punto de recogida, recibes íntegramente ese depósito. Así, el reciclaje se convierte en un beneficio directo para el ciudadano, alineando el interés económico con la responsabilidad ambiental y haciendo que los envases no acaben abandonados, sino reutilizados o reciclados con una eficacia casi total.

En Corea del Sur aplican desde los años 90 un sistema en el que cada hogar compra bolsas oficiales para su basura; cuanta más basura generan, más pagan. Los residuos orgánicos se pesan con tarjetas inteligentes, lo que ha reducido drásticamente los desechos y ha situado al país entre los líderes mundiales del reciclaje. El éxito radica en que el coste está directamente vinculado al comportamiento del ciudadano.

El contraste con España es evidente. Aquí Sánchez ha optado por la fórmula más gravosa, imponiendo a todos los ayuntamientos que cobren a sus vecinos sin diferenciar entre quienes generan más residuos y quienes generan menos. Mientras otros países premian el comportamiento responsable, aquí todos pagamos, sin incentivos para reciclar ni para reducir residuos.

Una medida que se debe aplicar en todos los municipios de España, desde Madrid hasta el municipio más pequeño, sin adaptación, sin ayudas y sin tener en cuenta que no todos los ayuntamientos cuentan con los mismos recursos ni capacidad de gestión. Todos deben cumplir al mismo tiempo, con las mismas obligaciones y sin recibir ayuda. La España rural vuelve a ser castigada por un Gobierno que legisla sin tener en cuenta las diferencias entre municipios.

Cada ayuntamiento tendrá que aprobar su propia ordenanza para implementar la tasa, y al hacerlo de manera independiente, sin criterios uniformes. La falta de criterios claros sobre cómo calcular la tasa: por IBI, número de habitantes, tipo de vivienda o volumen de residuos, hace que la aplicación del principio “quien contamina paga” sea compleja, desigual y propensa a conflictos. Los alcaldes se enfrentan a la tarea casi imposible de diseñar un sistema justo, y se prevé un aluvión de recursos judiciales impugnando las ordenanzas municipales.

Por lo tanto, no se trata de una exigencia directa de la Unión Europea, sino de una decisión política y partidista. Sánchez ha elegido la opción más abrupta y perjudicial, por puro interés político, fiel a su particular Manual de resistencia.