El nauseabundo hedor de la corrupción que rodea todo lo relacionado con el gobierno de Pedro Sánchez supone una grave amenaza para nuestra democracia y el Estado de derecho.

Cualquiera de los múltiples escándalos que rodean al presidente —ya sea por su labor de gobierno como por las implicaciones presuntamente delictivas de sus familiares y allegados— hubiera bastado en los países de nuestro entorno para provocar una cascada de dimisiones y la convocatoria urgente de elecciones.

Aquí en España, sin embargo, la única reacción que provocan es el cierre de filas por parte de los corifeos gubernamentales que se juegan el sueldo —ya sean ministros, diputados, senadores, portavoces y otros cargos—, que defienden lo indefendible y acusan a los jueces de falta de independencia, agitan el espantajo de la extrema derecha, a la que señalan como responsable de oscuras conspiraciones, y pretenden desviar la atención hacia pretendidas corruptelas de otros partidos, que carecen totalmente —al menos, hasta el momento— de cualquier base jurídica.

Lo peor es que, entre esos activistas de la “opinión sincronizada” —término popularizado por el gran Carlos Herrera— se encuentran periodistas que pretenden alardear de independencia, cuando no hacen más que divulgar las consignas recibidas por el equipo de propaganda de Moncloa.

El periodismo español debería abandonar militancias de trinchera para recuperar su labor fiscalizadora del poder, en defensa de los intereses de los ciudadanos y de esa democracia cada vez más amenazada.

Las joyas de Zapatero, la imputación de sus hijas, lo que todavía no sabemos de sus implicaciones con Venezuela, las maletas de Delcy, el caso Plus Ultra, el proceso a Ábalos, Koldo y Aldama, las sórdidas historias de sus señoritas de compañía, la parcialidad del Fiscal General del Estado, la investigación a Santos Cerdán y a Gaspar Zarrías, los intentos de amordazar a la UCO, las gestiones de la fontanera Leire Díez, el enchufe del hermano de Pedro Sánchez, la retirada del pasaporte a Begoña Gómez ante su próximo juicio… son demasiados frentes abiertos.

Pedro Sánchez no solo ha puesto en peligro la seguridad jurídica de los españoles, sino que se ha convertido, con la ayuda de Zapatero, en el enterrador oficial del PSOE. Seguro que son muchos los socialistas que ven con preocupación el nivel de deterioro de esas históricas siglas. La única pena es que no sean ellos los primeros en exigir responsabilidades al culpable de la situación, que no es otro que Pedro Sánchez, en vez de callar y permitir que la propaganda intente desviar la atención del auténtico problema.